Pagando el alto precio del sueño americano

Martes 04 de Enero de 2011 12:59

Tanto si uno se mueve por el corazón como por la lógica, el Dream Act es una pieza de legislación clave para los Estados Unidos. Aquellos movidos por el corazón se apoyan en argumentos que defienden a adolescentes que llegaron a este país siguiendo a unos padres en busca de un futuro mejor. Aquellos movidos por la lógica hablan de las enormes posibilidades que representa para América tener a ciudadanos estadounidenses con grados universitarios.

Qué es y qué no es el DREAM Act

Las siglas DREAM significan “Development, Relief and Education for Alien Minors”, es decir, desarrollo, ayuda y educación para extranjeros menores, una propuesta que fue introducida por primera vez en el Senado de los EE.UU. el 1 de agosto de 2001, reintroduciéndose en el Congreso el 26 de marzo de 2009.

La última oportunidad que tuvo el DREAM Act de convertirse en ley fue el pasado mes de diciembre del 2010; sin embargo,  los republicanos consiguieron bloquear su aprobación en el Senado federal.
Los demócratas y numerosas organizaciones en pro del DREAM Act, realizaron una dura campaña, luchando para pasar esta importante propuesta de ley, dando a conocer qué es y qué no es el DREAM Act.

A través de conferencias para la prensa, y para las organizaciones que luchan por esta medida, de blogs y vídeos a través de Internet, Cecilia Muñoz, subdirectora asistente del Presidente y directora de la oficina de relaciones intergubernamentales, explicó sin descanso los aspectos positivos que esta ley traería a EE.UU.

“Lo que hace el DREAM Act es proporcionar protección a estudiantes y darles un estado migratorio legal para que se queden en el país, persigan sus estudios o persigan el servicio al país”, decía Muñoz.

Al contrario de lo que voces republicanas en contra de esta medida argumentan, el DREAM Act no supondría un efecto llamada, ya que esta medida favorecería a estudiantes que se han graduado en institutos estadounidenses, de buen carácter moral, que llegaron a este país siendo menores y sin papeles y que así han continuado durante, por lo menos, cinco años antes de la promulgación de la ley.

Estos jóvenes adquirirían una residencia permanente condicional si completan dos años en el ejército o entre dos y cuatro años de educación superior.

LA LUCHA CONTINÚA

Con 307 millones de habitantes en Estados Unidos y tan sólo un 24,4 por ciento de graduados universitarios (Censo 2009), el DREAM Act es una legislación necesaria para un país que quiere competir en el actual mercado económico.

“Pasar esta ley es lo correcto”, enfatizaba Cecilia Muñoz, resaltando no sólo los éxitos que consiguen estos estudiantes en la escuela, sino también el importante papel que podrían jugar en el futuro estadounidense.

Se trata de aportar los conocimientos necesarios para crear un país competitivo. Son ciudadanos con una educación superior, mejores trabajos y mayor contribución impositiva. Se trata de aprender de todo aquello que los inmigrantes tienen que ofrecer, en el campo de la educación, la cultura y el arte.
El objetivo final es formar a los líderes del futuro y, a fin de cuentas, no hacer pagar a unos niños por actos de sus padres y dejarles permanecer en el único país que han conocido.

El DREAM Act no provocaría un efecto llamada porque sólo los adolescentes que llevan viviendo en EE.UU. durante más de cinco años podrían aplicar para ello.

Los jóvenes que se acogieran a esta ley, podrían adquirir la residencia permanente al completar estudios universitarios o el ejercicio militar.

Regulación para el noble trabajador

A pesar de la decepción que haya podido provocar en los hispanos el hecho de que no se haya aprobado una reforma migratoria en los dos primeros años de la presidencia de Obama, la esperanza aún está latente.

Antes de que se formara el nuevo Congreso en este mes, los senadores Robert Menendez (D-NJ) y Patrick Leahy (D-VT) presentaron su Decreto de Inmigración Integral de 2010 (“Comprehensive Immigration Act of 2010” en inglés). En él, incluyeron un basto programa de legalización, así como “las urgentes reformas necesarias en nuestro sistema de reunificación familiar”, especificaba el jefe de empleados del Senador Menendez, Daniel O’Brien.

Este decreto se presentó la sesión “Lame Duck”, la cual ocurre sólo en los años pares después de las elecciones de medio término de noviembre, y en ellas, el Congreso se encarga de lidiar con legislaciones inconclusas  antes de formar el nuevo.

La reforma migratoria que presentaron Menendez y Leahy podría otorgar concesiones importantes, mostrando su determinación para acabar con la inmigración ilegal, a la vez que abriría caminos para la legalización a los inmigrantes indocumentados que ya están en EE.UU.

Puntos claves de la Reforma

- Aumentar la cooperación con Canadá y México para mejorar la seguridad de las fronteras y coordinar la lucha contra el crimen.
- Clarificar que el poder de regular la inmigración está en el gobierno federal, no en los estados ni localidades.
- Aumentar los esfuerzos para asegurar que el Departamento de Seguridad Nacional no deporta erróneamente a ciudadanos o residentes estadounidenses.
- Otorga reglas de sentido común a la hora de detener a familias, personas mayores o inmigrantes enfermos, víctimas de un crimen y otra “población vulnerable”, como supervivientes de torturas.
- Mejora las condiciones de detención para cumplir requisitos básicos.
- Finaliza el tiempo de espera para que refugiados y exiliados consigan sus “green card”.
- Incorpora el proyecto AgJOBS, que proporcionará una vía a la residencia permanente para trabajadores del campo.
- Crea el estatus “Lawful Prospective Immigrant” (LPI), es decir, posible inmigrante legal para inmigrantes indocumentados, sin récord criminal, viviendo en los EE.UU. el 30 de septiembre de 2010.
- Aumenta los programas y políticas para ayudar a los inmigrantes a aprender inglés y educación cívica estadounidense.
Si desea leer la propuesta completa de los Senadores Menendez y Leahy, puede conocerla en www.dlatinos.tv, así como una versión resumida.

Documentos en formato PDF:
- Comprehensive Immigrantion Act
- Comprehensive Immigration Act Summary

¿Ley Arizona en la Florida?

Hoy más que nunca este escenario es posible. Ya a mediados del año pasado el senador de la Florida por Brandeton, Mike Bennett (R), habló de introducir una propuesta de ley parecida a la ley de Arizona SB1070. En diciembre lo convirtió en realidad: la SB136 está en marcha.

Bennett, junto al presidente del Senado de la Florida, Mike Haridopolos, pondrán esta ley en la agenda estatal esta primavera. Con la nueva mayoría republicana en el senado de la Florida, así como con el nuevo gobernador, Rick Scott, las posibilidades de que la SB136 se convierta en ley en el 2011 son más reales que nunca.

"Se trata simplemente que si alguien está aquí y viola nuestras leyes, la policía debe preguntar si son legales o no. Si están en el estado de forma ilegal, deben ser deportados", segun Trey Stapleton, portavoz de Scott.

Bennett ha dicho que su objetivo es luchar contra los criminales y las pandillas y que no utilizará el perfil racial. Sin embargo, como la ley de Arizona, la SB136 obligará a los policías a pedir el estatus migratorio de un sospechoso y denunciar a cualquiera que esté en el país sin documentos ante las autoridades migratorias.

Cualquier persona que sea parada y no tenga los papeles correctos, se enfrentará a una acusación por delito menor y a una multa de $100. Bennett ha comparado pedir los papeles sobre el estado migratorio con pedir la licencia de conducir.

Con ello, Bennett quiere otorgar más poder a los policías locales y estatales para que puedan deportar a criminales violentos y miembros de pandillas que están en el país de manera ilegal.

Por su parte, los críticos dicen que esta legislatura está excediendo sus límites y que tanto Bennett como Haridopolos están tratando de satisfacer los intereses del movimiento del Tea Party.

Con la SB136 se vuelven a lanzar las mismas críticas que recibió la ley de Arizona: discriminatoria, fuera del poder legislativo estatal, confusa, etc. Además esta ley también pondría en peligro la economía de la Florida, tanto por su dependencia de la mano inmigrante, así como por la posibilidad de sufrir un boicot por parte de otros estados, negocios u organizaciones.